Todas las empresas de la UE que exportan residuos fuera de la UE tendrán que garantizar que las instalaciones que reciben sus residuos sean objeto de una auditoría independiente que demuestre que gestionan estos residuos de manera ambientalmente racional.

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo sobre los traslados de residuos, que garantizará que la UE asuma una mayor responsabilidad por sus residuos y no los exporte a terceros países.

Así pues, se prohibirá la exportación de residuos plásticos de la UE a países no pertenecientes a la OCDE y sólo si se cumplen unas condiciones medioambientales estrictas, los países podrán recibir dichos residuos cinco años después de la entrada en vigor de las nuevas normas. A la luz de los problemas mundiales del aumento de las cantidades de residuos plásticos y de los retos para su gestión sostenible, con esta medida los legisladores de la UE pretenden prevenir la degradación medioambiental y la contaminación en terceros países causada por los residuos plásticos generados en la UE.

Otros residuos aptos para el reciclado se exportarán de la UE a países no pertenecientes a la OCDE únicamente cuando se aseguren de que pueden gestionarlos de manera sostenible. Al mismo tiempo, será más fácil trasladar residuos para su reciclado dentro de la UE gracias a los modernos procedimientos digitalizados. También se reforzará la aplicación y la cooperación en la lucha contra el tráfico de residuos. La nueva ley complementará la nueva Directiva sobre delitos contra el medio ambiente.

Garantizar una gestión sostenible de las exportaciones de residuos de la UE

Las medidas adoptadas en materia de exportación de residuos establecerán la norma en lo que respecta a la prevención de los problemas medioambientales y de salud pública en terceros países causados por la gestión insostenible de los residuos generados en otros países. Este nuevo Reglamento solo permitirá la exportación de residuos a países no pertenecientes a la OCDE si estos países informan a la Comisión de que están dispuestos a importar los residuos y tienen la capacidad de gestionarlos de manera sostenible. En el caso de los residuos plásticos, no se permitirá la exportación a países no pertenecientes a la OCDE 2,5 años después de la entrada en vigor de la nueva ley, a menos que el país pueda cumplir condiciones estrictas; en este caso, se autorizarán las importaciones, pero solo cinco años después de la entrada en vigor de las nuevas normas.

La Comisión también supervisará las exportaciones de residuos a los países de la OCDE y tomará medidas si dichas exportaciones crean problemas medioambientales en el país de destino. Además, todas las empresas de la UE que exportan residuos fuera de la UE tendrán que garantizar que las instalaciones que reciben sus residuos sean objeto de una auditoría independiente que demuestre que gestionan estos residuos de manera ambientalmente racional.

Liberar el potencial del mercado de residuos de la UE para impulsar la economía circular

La circulación de residuos para su reciclado y reutilización entre los Estados miembros es clave para la transición de la UE hacia una economía circular y la seguridad del suministro de materias primas.

La UE modernizará los procedimientos actuales para el transporte de residuos, haciéndolos más digitales. Los procedimientos acelerados para determinadas instalaciones elegibles designadas por los Estados miembros también serán más fáciles y eficientes. Esto facilitará que los residuos vuelvan a entrar en la economía circular en toda la UE, sin reducir el nivel necesario de control de dichos traslados.

Lucha contra el tráfico de residuos

Para intensificar la respuesta de la UE contra el tráfico de residuos, se intensificará la cooperación entre los Estados miembros de la UE y se impondrán sanciones más disuasorias a los delincuentes implicados en el comercio ilícito de residuos. La Comisión podrá actuar sobre el terreno para apoyar las investigaciones de los Estados miembros sobre delitos transnacionales relacionados con el tráfico de residuos, con la participación directa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre estas cuestiones.

El tráfico de residuos es uno de los delitos medioambientales más graves en la actualidad, que perjudica al medio ambiente, pero también a las empresas legítimas. Además, existe un vínculo claro entre el tráfico de residuos y la delincuencia organizada. Se cree que hasta un tercio de todos los traslados de residuos son ilegales y generan anualmente un beneficio ilícito sustancial.